El Proyecto de Ley N.° 25.828 propone sustituir el artículo 44 ter de la Ley N.° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, para crear un régimen de protección de las personas físicas fiadoras en créditos de consumo. De aprobarse, modificaría el alcance, la exigibilidad y la administración de estas garantías. La sustitución plantea, además, un problema relevante de técnica legislativa, pues desplazaría el contenido vigente del artículo 44 ter sobre deducciones salariales sin reubicarlo expresamente.
La iniciativa fue presentada por la diputada Janice Sandí Morales el 8 de octubre de 2026 y publicada en La Gaceta N.° 194 del 14 de octubre de 2026. Según la información disponible al 21 de octubre de 2026, estaba pendiente de estudio en comisión y no registraba votaciones. Se encontraba, por tanto, en una fase temprana y su texto podría variar. De aprobarse en términos similares al texto base, tendría implicaciones operativas en las siguientes áreas:
- la documentación precontractual y contractual de créditos con fiadores;
- las reglas de vigencia, renovación y extinción de las fianzas;
- la administración de novaciones, prórrogas, refinanciamientos, cambios de tasa y aumentos de monto;
- los procesos de cobranza judicial y extrajudicial;
- la imputación de intereses moratorios y gastos de cobro;
- los reportes al Centro de Información Crediticia (CIC) y a otros sistemas o burós de información crediticia;
- los controles de calidad, trazabilidad y conservación de evidencia;
- la valoración crediticia y económica de las garantías personales; y
- la gestión de terceros, particularmente agencias de cobranza, proveedores de notificaciones y burós de crédito.
Contenido propuesto y efectos probables
- Información precontractual específica para el fiador y determinación del monto máximo garantizado, con indicación del principal, los intereses ordinarios y moratorios, las comisiones, los seguros y los gastos cubiertos, según corresponda.
- Aviso fehaciente al fiador dentro de los diez días hábiles siguientes al primer atraso, con cómputo desde que este se produzca y constancia verificable del envío y la recepción o puesta a disposición.
- Si el aviso se omite o se practica tardíamente, imposibilidad de trasladar al fiador los intereses moratorios y gastos de cobro generados durante el período de demora; la consecuencia no debería extenderse por sí sola al principal ni a otros rubros exigibles.
- Vigencia de la fianza limitada al plazo original del crédito, sin prórrogas automáticas; toda renovación requeriría aceptación expresa y escrita del fiador.
- Aplicación del beneficio de excusión, salvo renuncia expresa sujeta a requisitos formales. Quedan pendientes de definición, entre otras cuestiones, la oportunidad para invocarlo, los bienes que deben señalarse y su relación con la solidaridad pactada.
- Ineficacia frente al fiador de las modificaciones sustanciales no consentidas, al menos respecto del riesgo adicional creado, sin afirmar necesariamente la extinción de las obligaciones anteriores válidamente garantizadas.
- Prohibición de atribuir automáticamente al fiador el incumplimiento del deudor principal, sin impedir el reporte de un incumplimiento propio del fiador cuando su obligación sea exigible y este no la atienda.
- Actualización o eliminación de información crediticia inexacta, desactualizada o improcedente, con comunicación a los sistemas y burós a los que se hubiera reportado.
- Un plazo transitorio de seis meses para adecuar contratos, procedimientos y sistemas, cuya aplicación a fianzas preexistentes debe precisarse para distinguir entre efectos futuros y situaciones ya consolidadas.
La exposición de motivos parte de la asimetría que puede existir entre entidades acreedoras profesionales y personas que garantizan deudas de terceros sin comprender plenamente:
- el alcance económico de la garantía;
- su duración;
- las consecuencias del incumplimiento del deudor principal;
- el efecto de modificaciones posteriores del crédito; y
- las consecuencias en su historial crediticio.
El texto base procura atender ese riesgo mediante deberes reforzados de información, aviso del primer atraso, límites temporales, reglas sobre excusión y consentimiento de modificaciones, y disposiciones sobre información crediticia. Las consecuencias descritas en este artículo son efectos operativos probables y no forman parte, por sí mismas, del contenido normativo del proyecto.
Ámbito subjetivo y material
Según el texto propuesto, el régimen se aplicaría a:
- personas físicas que actúen como fiadoras de obligaciones derivadas de créditos de consumo;
- fianzas vinculadas materialmente con créditos de consumo, cualquiera que sea la denominación del producto;
- operaciones de crédito, financiamiento comercial o arrendamiento que cumplan esa finalidad de consumo;
- entidades acreedoras supervisadas por la SUGEF; y
- personas o entidades no supervisadas que concedan crédito de consumo de forma habitual.
El texto excluye las fianzas estrictamente mercantiles entre comerciantes en el ejercicio de su actividad empresarial. Persisten supuestos cuya clasificación podría generar dudas: la garantía personal de deudas de una sociedad por su accionista o administradora, la fianza familiar de un crédito para una microempresa y el financiamiento de destino mixto personal y profesional.
Se recomienda que las entidades acreedoras aplicar criterios de clasificación documentados y consistentes. También se recomienda promover, durante la consulta legislativa, una definición basada principalmente en el destino declarado del crédito al formalizarse, con criterios objetivos de habitualidad y alineamiento con la regulación SUGEF vigente.
Aspectos por precisar
El proyecto debería precisar si la calificación depende de:
- el producto ofrecido por el acreedor;
- el destino declarado de los fondos;
- el uso efectivo del crédito;
- la condición del deudor;
- la condición y propósito del fiador; o
- una combinación de esos factores.
La precisión es especialmente relevante en créditos a personas físicas con destino mixto.
Aunque el proyecto contempla aumentos de monto, extensiones de plazo y cambios de tasa, debería aclarar si el concepto de modificación sustancial también comprende:
- modificación de moneda;
- cambio de periodicidad de pago;
- períodos de gracia;
- sustitución o liberación de garantías;
- cambios de deudor;
- consolidaciones de deuda;
- suspensión temporal de pagos; y
- alteraciones de comisiones, seguros o gastos asociados.
Efectos operativos probables y coordinación normativa
Como efecto operativo probable, las entidades acreedoras tendrían que ajustar la documentación destinada al fiador, evitar renuncias generales, registrar el monto máximo garantizado y las renovaciones, y establecer alertas y evidencia verificable para los avisos. También deberían revisar sus procesos de cobranza y de reporte, actualización y eliminación de información ante el CIC y otros sistemas o burós de información crediticia.
El régimen debe coordinarse con las normas civiles y mercantiles sobre fianza, solidaridad, excusión, novación y modificaciones contractuales. El transitorio debería precisar si las fianzas preexistentes quedan sujetas únicamente a efectos futuros —como avisos, cobros y reportes posteriores a la entrada en vigor—, sin afectar situaciones consolidadas. También conviene delimitar las competencias sancionatorias: supervisión sectorial para las entidades reguladas, sin perjuicio de la autoridad de consumo, y aplicación de esta última a los acreedores no supervisados.
Problema de técnica legislativa
El proyecto sustituye el artículo 44 ter vigente, que protege al trabajador consumidor financiero en materia de deducciones salariales, pero no reubica ese contenido. Como recomendación de este análisis, esa regulación debe preservarse: el nuevo régimen podría incorporarse en un artículo distinto —por ejemplo, el 44 quater— o en una sección específica; si se mantiene la sustitución, el contenido vigente debe trasladarse expresamente a otra disposición.
Estado legislativo al 21 de octubre de 2026
| Hito | Fecha | Situación |
|---|---|---|
| Presentación del proyecto | 8 de octubre de 2026 | Ingreso a la corriente legislativa |
| Proponente | 8 de octubre de 2026 | Diputada Janice Sandí Morales |
| Publicación oficial del proyecto | 14 de octubre de 2026 | La Gaceta N.° 194 |
| Estudio en comisión | Fecha de corte: 21 de octubre de 2026 | Pendiente |
| Votaciones | Fecha de corte: 21 de octubre de 2026 | No registradas |
| Condición jurídica | Fecha de corte: 21 de octubre de 2026 | Proyecto en trámite; no constituye derecho vigente |
